Así lo recoge el artículo titulado "Aumento de la presión regulatoria en España: potencialmente negativo para las empresas eléctricas", elaborado desde el Servicio de Inversión de Moody's.

Según este documento, la decisión del Gobierno de congelar la tarifa eléctrica para revisar todos los costes del sistema y trabajar por un pacto de Estado de energía con el PP "aumentará probablemente la incertidumbre sobre las eléctricas españolas". Algo que "podría generar presiones negativas en la calificación de este sector".

Según señala el citado documento, "el anuncio fue una sorpresa para el mercado, ya que se congeló la subida del 4% programada para la tarifa eléctrica en julio". Además, se anunció que la revisión "incluirá una exhaustiva evaluación de todos los costes del sistema eléctrico", añade.

En opinión de Moody's, esta revisión aumenta el riesgo regulatorio en el sector y entraña un riesgo de posibles consecuencias negativas para el crédito nominal de las compañías eléctricas.

La agencia incide en que las actuales tarifas de electricidad son demasiado bajas para cubrir la totalidad de los costes regulados del sistema. "Para cubrir el déficit tarifario tendrán que aumentar los precios de la electricidad de manera significativa, o bien deberán abordarse otras medidas que lleven a la reducción de dichos costes", añade. Todo ello para alcanzar la suficiencia tarifaria en 2013 (es decir, poner fin al déficit) y mantener una estructura tarifaria sostenible en los próximos años.

En el informe, la agencia de calificación explica que la aparente reticencia a aumentar las tarifas obligará a las compañías eléctricas a asumir una serie de cargas relacionadas con el control de los costes. Por ello, la remuneración de los activos existentes podría verse afectada.

De este modo, esta presión sobre la rentabilidad de las empresas y sobre los flujos de efectivo "podría debilitar el crédito de las empresas". Moody's atribuye la acumulación del déficit tarifario a los aumentos de precios "insuficientes" de los últimos años.

El sistema eléctrico español adeuda el importe de este déficit a las compañías que actualmente lo financian, con las consiguientes cosecuencias sobre sus balances, afirma.