Olmedo explicó que el informe ha sido elaborado por varios profesores titulares de los departamentos de Derecho Penal y Derecho Civil de la Universidad de Málaga, tomando como base los casos registrados en los juzgados de esta ciudad durante los años 1992 y 1993.

Según el estudio, el perfil de las afectadas se corresponde con el de mujeres de edades comprendidas entre los 31 y los 40 años, con ocupaciones fuera del hogar, y que tienen ente uno y tres hijos menores a su cargo. La cuantía de las pensiones a las que tienen derecho oscila entre las 25.000 y las 50.000 pesetas, cantidades inferiores al Salario Mínimo Interprofesional.

En cuanto a los infractores, se trata de hombres, salvo raras excepciones, que en el 75% de los casos desarrollan alguna actividad remunerada.

Los impagos de pensiones, que en un 94% de los casos se resolvían por la vía penal, superaban los tres meses, período a partir del cual la ley considera que se prduce delito. Asimismo, un 68% de los procesados llevaba más de un año sin pagar la pensión alimenticia.

Olmedo resaltó que, a pesar de estos datos, en la práctica judicial se concede escasísima relevancia al tiempo de incumplimiento del pago de pensiones e indicó que no es un dato considerado a la hora de graduar la pena concreta que los jueces imponen por este delito.

El estudio concluye que únicamente las retenciones de sueldo de los infractores parecen tener eficacia, ya que, aunque la mujer qe pasa por esta situación puede reclamar, son muchos los medios para eludir el cumplimiento de la obligación.

Olmedo instó a los legisladores y tribunales para que en sus respectivos ámbitos competenciales adopten las medidas necesarias y aporten los recursos para garantizar la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres.