Además, podrán entrar en un domicilio sin mandamiento judicial cuando tengan "fundados indicios" deque en él se trafica con drogas, según recoge el proyecto de Ley de Seguridad Ciudadana.

El ministro de Interior, José Luis Corcuera, presentó hoy oficialmente esta polémica ley de 39 artículos, aprobada por el Consejo de Ministros el pasado viernes, tras introducir "matices de última hora", y que ya ha sido remitida al Congreso para su discusión parlamentaria.

Corcuera, quien afirmó que este proyecto cuenta con el respaldo del 83 por ciento de los ciudadanos españoles, negó que sea una "ley poliial", ya que los agentes que se extralimiten en sus funciones deberán enfrentarse con las sanciones previstas en su régimen disciplinario.

Asimismo, la ley establece sanciones administrativas, que oscilan entre 50.000 pesetas y 5 millones, para todos aquellos que consuman drogas en lugares o establecimientos públicos o tengan estupefacientes o psicotrópicos, aunque estén destinados para su consumo.

También regula materias relativas a la tenencia de armas y explosivos y prevé su retirada cuando geeren peligro, aunque su propietario tenga licencia, establece las medidas para garantizar la seguridad en los espectáculos públicos y de masas, limita la velocidad de las planeadoras, establece un dispositivo especial de seguridad para las instalaciones vulnerables (desde las centrales las nucleares a las cajas de depósito de dinero) y regula el desguace de vehículos.

Un capítulo especialmente importante es la actuación de las fuerzas de seguridad en las manifestaciones no autorizadas. La ley les da ptestad para disolver concentraciones de vehículos y establecer limitaciones en la circulación, cuando se altere gravemente el orden público. En 1990, en España hubo 6.504 manifestaciones ilegales (el 68,8 por ciento de todas las que se celebraron).

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El artículo 20 del texto señala que cuando los agentes no logren identificar a un ciudadano le instarán a que les acompañe a las dependencias policiales, donde permenecerá el "tiempo imprescindible" hasta que demuestre su identiad. Además, existirá un libro de registro para controlar las actuaciones de los funcionarios.

Según el ministro, este precepto es acorde con la doctrina dictada por el Tribunal Constitucional y no se modifica el régimen de detención actual (en una providencia de este año el Alto Tribunal estableció que no existe la figura de la "retención" y que una persona o está detenida o está en libertad).

Al no estar detenidos ni retenidos oficialmente, los ciudadanos no contarán con asistencia letrada mientas dure el trámite de su identificación ante los funcionarios.

Respecto a la entrada en domicilios sin orden judicial (artículo 21), la ley especifica que los agentes de seguridad podrán penetrar en un inmueble sin este requesito en los casos de flagrante delito o de catástrofe, calamidad o ruina inminente.

Corcuera admitió que estos dos artículos han sido los más "limados" durante las discusiones a que ha sido sometido el anteproyecto, tanto con el Ministerio de Justicia como en el seno del Ejectivo.

El ministro volvió a recalcar que esta la ley tiene la vocación de ser respetuosa con todos los ciudadanos y que al redactarla se han tenido muy en cuenta todas las sugerencias del Consejo General del Poder Judicial. También apuntó que será "un intrumento imprescindible para las fuerzas de seguridad".

Las sanciones a los ciudadanos previstas por la ley van desde 50.000 pesetas a 5 millones de pesetas. Las infracciones leves serán castigadas con multas de hasta 50.000 pesetas, las graves ente 50.000 y 5 millones y las muy graves entre 5 y 100 millones de pesetas.

"EN EL PUNTO DE MIRA"

Por su parte, los policías, principales encargados de llevar a la práctica esta ley, no están de acuerdo con algunos puntos de la misma, según manifestaron hoy a Servimedia representantes de los sindicatos policiales.

Para el Sindicato Profesional de Policía Uniformada (SPPU), esta ley convertirá a España en un Estado policial, "similar a Israel", mientras que la Unión Federal de Policía (UFP) la conidera "restrictiva" y afirma que pondrá a los agentes "en el borde del precipicio, entre la legalidad y la ilegalidad, al alcance de la mira telescópica del juez de turno".

Más favorable es la valoración de la Asociación Nacional de Policía Uniformada (ANPU), que la valora "positivamente", aunque le molesta "la poca confianza que tienen los ciudadanos en el buen uso que harán de ella los agentes".

El Sindicato Profesional de Policía (SPP) estima que esta nueva ley no será la "panacea", pero sí un"instrumento útil" para el trabajo diario. Carlos Martínez, presidente nacional del SPP, señaló que en Francia tienen una normativa muy similar, denominada Ley de Verificación y Control, que ha demostrado ser operativa.

JUSTICIA CONTRA INTERIOR

La nueva ley provocó fuertes discrepancias entre los titulares de Interior y Justicia, José Luis Corcuera y Tomás de la Quadra-Salcedo, respectivamente, que trataron de disipar sus diferencias en varias reuniones, aunque el Corcuera negó que existieran esas ensiones.

En diciembre del año pasado, fecha en que se conoció el primer borrador del anteproyecto, el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) emitió un informe desfavorable y distintos sectores de la judicatura expresaron también su malestar.

Justicia, en sintonía con el CGPJ, abogó por que sólo en los supuestos de grave catástrofe, calamidad o flagante delito pueda entrarse en un domicilio sin mandamiento judicial.

Por el contrario, Interior consideró indispensable que los agentes no piedan tiempo en pedir a los jueces una orden de entrada y registro, para que las pruebas de los delitos, especialmente en casos de narcotráfico, no desaparezcan.