En un comunicado, Aemec subrayó que "esta decisión judicial constituye un importante hito, no sólo en el ámbito de la propia construcción europea, sino en el de la defensa de los intereses de los pequeños inversores y accionistas de los distintos países de la Unión".

Además, apuntan que la sentencia manifiesta "claramente" que la acción de oro confiere al Estado portugués "una influencia sobre la gestión de PT que no está justificada por la magnitud de la participación que mantiene y que puede disuadir a los operadores de otros Estados miembros de efectuar inversiones directas".

Con independencia de la obligación del Estado portugués de acatar y cumplir de forma inmediata el fallo de la sentencia, esta Asociación considera que, en aras de la mejor tutela de los intereses de los accionistas minoritarios y del mercado en su conjunto, "debe abrirse de forma inmediata una vía de diálogo y negociación entre los consejos de las dos compañías implicadas, al objeto de encontrar una solución que permita reconducir la situación".

En cualquier caso, Aemec reitera, que de no prosperar la vía del diálogo entre las compañías, y "frustrarse la operación entre Telefónica y PT, se considerará la posibilidad de iniciar acciones judiciales de responsabilidad patrimonial contra el Estado portugués y contra el propio consejo de administración de PT".

El objetiva de esta actuación sería "resarcir a los pequeños accionistas de los perjuicios económicos que les ha causado una decisión, hoy ya considerada ilícita por arbitraria y contraria a derecho comunitario, del gobierno portugués".