"En vez de servir como apoyo para el desarrollo de su decisión", la información que se entrega a las mujeres que quieren abortar parece "un acto de chantaje emocional para continuar con su embarazo", denuncia la citada plataforma.

En la misma línea, ve criticable el hecho de que los sobres no incluyan información sobre métodos anticonceptivos, "a pesar de recogerlo el artículo 17 de la ley".

La agrupación se queja también de que la resolución de los conflictos familiares graves planteados por el anuncio de una menor de abortar quede en manos de los profesionales, que actuarán "bajo unos criterios desconocidos" y a veces sin acatar la decisión de la joven.

Además, sostiene la plataforma, no se regula el tiempo máximo del que disponen los profesionales para emitir su diagnóstico de conflicto, con lo que podrán rebasar el plazo estipulado por la ley de 14 semanas y dejar así a las menores "en situación de desamparo respecto a sus derechos sexuales".

Mujeres ante el Congreso teme que esta situación agrave la violencia hacia las más jóvenes y pueda haber un aumento de los abortos clandestinos.