Fuentes del Ministerio Público detallaron que la actuación policial se basó en un auto dictado el pasado 1 de julio por el juez de instrucción de Orihuela (Alicante) Carlos Sanmartín Gómez, un escrito de unos 20 folios en los que se daba autorización para registrar los distintos domicilios y sedes y para “trasladar” a los afectados a comisaría.

Aun así, las fuentes consultadas evitaron hablar de “detenciones” o de “imputaciones”.

Una vez en comisaría, siempre según la Fiscalía General, Ripoll y las otras diez personas no declararon como imputados, sino que simplemente se les preguntó por su supuesta relación con una presunta trama de corrupción en la concesión del servicio de basuras de la localidad de Orihuela.

Finalmente, los agentes les entregaron unas citaciones policiales en las que se les indica que deben comparecer ante los juzgados de Orihuela, señalando el día y la hora concreta en cada caso.