Según declaró a Servimedia su presidenta, Yolanda Besteiro, “es muy grave que el presidente de una comunidad autónoma no aplique una ley aprobada por el Parlamento”, pues “no es libre” para hacer tal cosa.

“España es un Estado de derecho en el que existe separación de poderes”, recordó,”y cada uno tiene una función”, agregó Besteiro.

A su juicio, “no es potestad (de Valcárcel) determinar si se puede aplicar o no una ley, pues para eso están los órganos judiciales”.

Tal decisión le corresponde además al poder legislador, con lo que ni Valcárcel ni cualquier otro miembro del poder ejecutivo puede oponerse a la entrada en vigor de la ley del aborto, concluyó Besteiro.