En concreto, la entidad hizo referencia al artículo en el cual se establece la responsabilidad de los poderes públicos de garantizar la educación afectivo sexual y reproductiva. Una pauta que consideró que choca con el derecho de las familias de decidir qué educación quieren para sus hijos.

También aludió al artículo nueve de la norma que incorpora la formación en salud sexual y reproductiva al sistema educativo, ejerciendo los centros la figura de “agentes sanitarios”. Unas indicaciones que a su parecer dejan a la dirección del centro sin opción para intervenir.

Por todo ello, la CECE afirmó que esta nueva normativa “establece un nuevo ámbito de intervención de la Administración en una esfera que tiene que ver con la privacidad y que podría atacar derechos fundamentales como los relativos a la libertad ideológica y religiosa de la persona”.