La carta firmada por el director general de Patrimonio, Jaime Vicente Redón, solicita a la ARMH un informe de la exhumación llevada a cabo con "el fin de valorar la posible incoación de un expediente sancionador". El Gobierno de Aragón considera que la exhumación se llevó a cabo sin la correspondiente autorización necesaria para realizar excavaciones arqueológicas.

Según la legislación, "el patrimonio cultural aragonés está integrado por todos los bienes materiales e inmateriales relacionados con la historia y la cultura de Aragón que presenten interés antropológico, antrópico, histórico, artístico, arquitectónico, mobiliario, arqueológico, paleontológico, etnológico, científico, lingüístico, documental, cinematográfico, bibliográfico o técnico, hayan sido o no descubiertos y tanto si se encuentran en la superficie como en el subsuelo o bajo la superficie de las aguas".

Para la ARMH es "lamentable que el Gobierno de Aragón quiera tratar la exhumación de una fosa común, promovida en este caso por la hija de uno de los fusilados, Esther Tabuenca, como si se tratara de un resto arqueológico anónimo que no fuera consecuencia de un delito permanente; uno de los más graves que se recogen en el derecho internacional humanitario".

Para el vicepresidente de la ARMH, Santiago Macías, que coordinó la exhumación "la Ley del Patrimonio Cultural Aragonés engloba a un importante número de intereses pero no cita los dos más importantes con respecto a las fosas de los desaparecidos bajo la represión franquista: el interés humano, de ayudar a familiares que han padecido maltrato por parte de las instituciones que no les ayudan; y el interés por hacer justicia y reparar el daño que causaron los asesinos. Querer tratar una fosa con seres humanos, con hijos que quieren darles a sus padres una sepultura digna, como si fueran teselas de un mosaico, es una falta de humanidad".

DENUNCIA DE LA ARMH

La ARMH valora que el Gobierno de Aragón esté incumpliendo su propio Estatuto, que en su artículo 6, correspondiente a los derechos y libertades asegura que "los derechos y libertades de los aragoneses y aragonesas son los reconocidos en la Constitución, los incluidos en la Declaración Universal de Derechos Humanos y en los demás instrumentos internacionales de protección de los mismos suscritos o ratificados por España, así como los establecidos en el ámbito de la Comunidad Autónoma por el presente Estatuto".

La legislación humanitaria que trata del compromiso de las instituciones democráticas con la erradicación de las desapariciones forzadas es numerosa: Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos, Resolución de Naciones Unidas 47/133 sobre Desaparición Forzada, de 18 de diciembre de 1992, etc.

Los familiares de los desaparecidos bajo la represión franquista en Aragón carecen de la protección de su Gobierno autónomo y por eso se ven obligados a acudir a colectivos que organicen la búsqueda de los desaparecidos.

La ARMH ha llevado a cabo varias exhumaciones en Aragón (Arándiga, Illueca y Calatayud, de donde se han recuperado en total los restos de 28 personas) y tratará de seguir haciéndolo siempre que un familiar lo solicite. Y esperemos que en algún momento esas búsquedas se hagan con la ayuda del Gobierno de Aragón, a cuya disposición pone la ARMH toda su experiencia (cerca de 150 exhumaciones).