La norma hoy aprobada amplía el ámbito de aplicación del Real Decreto de 2000 a los miembros laicos de los institutos seculares de la Iglesia Católica, siempre que figuren inscritos en el Registro de Entidades Religiosas del Ministerio de Justicia y que hubieran cesado en el ejercicio de dicha actividad antes de 1 de enero de 1997.

Además, posibilita el cómputo de los periodos en que los interesados desarrollaron su actividad religiosa fuera de España, únicamente a efectos de completar el periodo de carencia exigido para causar derecho a la pensión.

Como contrapartida al beneficio que supone el cómputo de dichos periodos, se establece una compensación económica a cargo del interesado, idéntica a la establecida en el Real Decreto que se modifica y análoga a la que soportan quienes causan derecho a pensión por algún régimen de la Seguridad Social, aunque adaptada a las particularidades propias de la legislación reguladora del Régimen de Clases Pasivas del Estado.