Renfe será su operadora durante los tres primeros años y recibirá una compensación para cubrir sus costes, siempre que cumpla con los índices de calidad establecidos.

Las bases determinan también que podrán dessignarse aquellos servicios ferroviarios que discurran dentro de una comunidad autónoma y que ésta estime de interés público y que en estos casos será la Administración autonómica quien aporte las compensaciones al operador.

El decreto fija que antes del 30 de noviembre el Ministerio de Fomento debe presentar al Consejo de Ministros la relación de los servicios ferroviarios de transporte de viajeros, así como los tramos y frecuencias, que serán garantizados mediante Obligaciones de Servicio Público.

Para elaborar esta relación se tendrán en cuenta los estudios y análisis necesarios que permitan identificar los servicios ferroviarios, tramos y frecuencias que deben ser garantizados, así como los niveles de calidad exigibles en su prestación y las compensaciones para el operador. Se ponderará, tanto el nivel de eficacia del servicio, como las posibilidades de utilización de otros medios de transporte combinado por parte de los viajeros.

Una vez declarados de interés público, Renfe Operadora, que se encargará de prestarlos en un periodo inicial de tres años, suscribirá un contrato de servicio público en el que se fijarán los niveles de calidad que debe garantizar y las compensaciones a las que tendrá derecho como consecuencia de la ejecución de las obligaciones de servicio público.

El Acuerdo de bases señala, asimismo, que, transcurridos los tres años desde la declaración de las Obligaciones de Servicio Público, el Ministerio de Fomento presentará un informe que evalúe el funcionamiento del mismo y propondrá al Gobierno la prórroga adicional del contrato de servicio público o la licitación de estos servicios en régimen de concurrencia, transparencia y no discriminación.

El decreto aprobado hoy es fruto de la normativa europea que limita las subvenciones estatales al ferrocarril a las estrictamente necesarias para la compensación de aquellos servicios deficitarios cuya continuidad esté justificada por razones de eficiencia energética, social, económica o medioambiental.

Dicho Reglamento establece que el resto de los servicios ferroviarios deben regirse por criterios de competencia comercial y no deben percibir ayudas del Estado.