Así lo considera el presidente de la Sección Minieólica de la Asociación de Productores de Energías Renovables (APPA), Francisco Javier Forte, quien afirmó este jueves que "una diferenciación a nivel regulatorio y retributivo de la energía minieólica en el nuevo Plan de Energías Renovables (PER) 2011-2020 permitirá el desarrollo de esta tecnología en España".

El Paner será durante la próxima década la hoja de ruta de las energías limpias hacia el objetivo previsto del 22,7% del consumo de energía final bruta para 2020. Tras la publicación en el borrador del Paner de 370 MW de objetivos particulares para la eólica de pequeña potencia, la sección minieólica de APPA ha presentado sus propuestas para el correcto desarrollo de esta tecnología.

Según sus datos, el cumplimiento de estos objetivos permitiría la implantación de 100.000 pequeñas instalaciones de energía minieólica en España durante la próxima década.

"Indudablemente la tecnología minieólica es ideal para dotar de electricidad a zonas aisladas pero, con una correcta regulación que vincule la producción al consumo, se puede promover la conexión a red, realizando una microgeneración distribuida con los ahorros que esto supone en transporte y distribución", señaló Forte.

PROPUESTAS

Entre las medidas propuestas por la sección minieólica de APPA para un desarrollo armónico de esta tecnología destacan aquellas que vinculan la producción con el consumo, para evitar la proliferación de grandes instalaciones de aerogeneradores de pequeña potencia.

Se propone como requisito obligatorio para realizar una instalación minieólica la existencia de un punto de consumo. La potencia a instalar no excedería nunca el 150% del contrato de suministro de dicho punto de consumo y estaría limitada por las restricciones técnicas particulares.

Existen también medidas encaminadas a que la tecnología minieólica no se concentre en determinados puntos de España, dada la diversidad del recurso eólico. Para ello se establecería una prima suficiente para amortizar la inversión en unos diez años, prima que se cobraría hasta alcanzar una retribución anual o mensual determinada y después la energía pasaría a cobrar únicamente el precio del mercado.

De esta manera, en todas las zonas del territorio nacional se podrían desarrollar este tipo de proyectos y no existiría discriminación por la existencia de recurso.