Este decreto sustituye al decreto 152/2008, de 29 de julio, que fue parcialmente anulado por los tribunales y responde también a la necesidad de adaptar la Administración de Justicia en Euskadi al régimen de organización y funcionamiento de la Nueva Oficina Judicial y Fiscal.

El nuevo diseño de la Administración de Justicia y de los puestos y tareas del personal a su servicio, posibilita llevar a la práctica la cooficialidad, sin perder de vista que éste ha de ser un proceso proporcionado y progresivo.

El decreto persigue potenciar el uso del euskera como lengua de comunicación en el ámbito judicial.

Para ello establece que en un plazo de diez años existan en la Administración de Justicia alrededor de un 35% de puestos singularizados por el idioma, si bien tal porcentaje se distribuirá de forma proporcional a la efectiva implantación del euskera en los distintos partidos judiciales.

La regla de partida es que el euskera se valorará como mérito con carácter general y particularmente en los puestos genéricos, y sólo de forma especial se considerará como requisito de acceso y desempeño en los puestos singularizados.

La normalización lingüística pasa por conseguir equipos de trabajo bilingües en la ordenación procesal, es decir, con capacidad de traducir la tramitación procesal al euskera, sin merma de la fidelidad y plena eficacia de la resolución judicial dictada.