Fuentes del Constitucional informaron de que los diez magistrados del Tribunal –todos menos el recusado Pablo Pérez Tremps- iniciaron pasadas las 11.00 horas la reunión.

La presidenta presentará ante el resto de magistrados del Constitucional su borrador de ponencia, que constituye la séptima versión de sentencia que se somete al criterio del tribunal, con la esperanza de que pueda concitar los apoyos suficientes para desbloquear la situación.

Aun así, de llegarse a la conclusión de que esta ponencia tampoco reúne los apoyos suficientes como para poder dictar sentencia -ya sea porque se rechace en una votación formal o porque Casas se percate de que su texto no va a alcanzar la mayoría necesaria-, se comenzará a deliberar artículo por artículo.

El Constitucional intentaría con esta fórmula sortear el bloqueo provocado por la polarización de los distintos sectores y desatascar la situación después de más de tres años y medio deliberando sobre el recurso interpuesto por el PP contra el nuevo texto estatutario catalán.

Este mecanismo permitiría garantizar que, tarde o temprano, el Constitucional será capaz de dictar una sentencia definitiva, aunque en contrapartida el proceso de deliberación y votación sería mucho más arduo y largo. En este sentido, las fuentes consultadas señalaron que se podrían convocar plenos a lo largo de todos los días de esta semana.

El magistrado clave en este proceso será Manuel Aragón, considerado “bisagra” por su postura intermedia entre los diferentes sectores del Tribunal.

PONENCIA DE CASAS

Casas asumió el pasado 19 de mayo personalmente la elaboración de la ponencia sobre el Estatuto de Cataluña tras la renuncia presentada por el anterior ponente, el vicepresidente, Guillermo Jiménez, cuyo borrador de sentencia no concitó los apoyos suficientes entre los magistrados y no llegó ni siquiera a votarse.

Fuentes del tribunal explicaron que la ponencia de Jiménez, que se sometió el 19 de mayo por primera y última vez a la consideración de todos los magistrados, proponía la anulación por inconstitucional de alrededor de 22 artículos de los 223 con los que cuenta el nuevo texto estatutario catalán.

Por lo tanto, se trataba de un borrador de sentencia más duro que el elaborado por la primera ponente, Elisa Pérez Vera, cuyo texto fue rechazado definitivamente el pasado 15 de abril en un pleno en el que seis magistrados votaron en contra del borrador y cuatro a favor. Este fracaso supuso el nombramiento como ponente de Jiménez.

Todo parece indicar que Casas deberá sortear los mismos escollos que tuvo que afrontar Pérez Vera con su ponencia inicial: definición de Cataluña como nación, el capítulo de los símbolos nacionales, la primacía de la lengua catalana, la bilateralidad en las relaciones entre Generalitat y Estado y la creación de un Poder Judicial catalán.

RECURSO DE LA GENERALITAT

Los magistrados agotaron los tres plenos convocados la semana pasada sin llegar a estudiar la ponencia de Casas. Se dedicaron a deliberar sobre los dos recursos interpuestos por Generalitat y Parlamento catalán, que fueron rechazados.

El tribunal rechazó por “inadmisible” el recurso interpuesto por la Generalitat catalana contra la negativa a que el magistrado Pablo Pérez Tremps, que no ha intervenido en ninguna deliberación sobre el Estatuto de Cataluña al haber sido recusado, pudiese participar en parte de los debates sobre el nuevo texto estatutario catalán.

A través de una providencia, los magistrados recordaron a la Generalitat que la recusación de Pérez Tremps, adoptada el 5 de febrero de 2007, es “una decisión jurisdiccional firme contra la que no cabe recurso ni vía directa de impugnación”.

El Constitucional también decidió rechazar el recurso de súplica interpuesto por la Generalitat y el Parlamento catalán contra la negativa de los magistrados a declararse incompetentes para decidir sobre el Estatut.

El Constitucional ya rechazó el pasado 27 de mayo declarase incompetente para dictar sentencia sobre la reforma del Estatut. Los magistrados denegaron en esa ocasión los argumentos jurídicos de los letrados del Parlament y del Gobierno catalán y se ratificó como órgano competente y con plena legitimidad para dirimir sobre los artículos del Estatuto.