La declaración de ruina por vía judicial es el mecanismo que los caseros están mayoritariamente utilizando para deshacerse de los inquilinos, un colectivo que podríaalcanzar las 80.000 personas, según María Roces, secretaria de la FRAVM.

La política municipal en este campo está causando "verdadera alarma social", aseguró Roces, porque a pesar de que el Plan General de 1985 catalogó 8.000 fincas protegidas (4.000 con protección integral), no sólo muchas de estos edificios "son declarados en ruina, sino que cuando el casero los derriba el Ayuntamiento le premia descatalogando el solar".

La FRAVM condena asimismo la promoción de viviendas de precio tasado (VPT) como la primera de 233 pisos iniciada por la Empresa Municipal de la Vivienda (EMV) que ha sido paralizada al trascender que se habían cometido irregularidades en la selección de candidatos al sorteo.

El presidente de la Federación, Prisciliano Castro, afirmó que esa promoción de VPT "nunca se tenía que haber producido porque esos suelos no estaban previstos para precio tasado". Castro añadió que el suelo debe destinarse para quienes ganen 100.000, pero no 400.000 pesetas al mes (las VPT son para renas de entre 5 y 8 millones de pesetas anuales).

Para denunciar estas actuaciones municipales de VPT y defender los planes de vivienda pública y de protección oficial, la FRAVM emprenderá una campaña que consistirá en dirigirse a los grupos políticos municipales y constituir una plataforma con todos aquellos colectivos y asociaciones afectados.