Las movilizaciones que los afectados hicieon en abril de este año, cuando fue inaugurado el complejo, no sirvieron para acercar posturas ni para acelerar el proceso que, si la cuestión acaba en un contencioso, podría prolongarse más meses o incluso años. Los afectados responsabilizan al Ayuntamiento comopostelano del retraso de los trámites, aunque saben que es la Xunta la que debe pagar.

El Ayuntamiento de Santiago mantuvo durante mucho tiempo una oferta de 337 pesetas por metro cuadrado, sólo la décima parte del precio que mantienen los afetados, tasado por "peritos independientes", de 3.364 pesetas el metro cuadrado.

Así, mientras los afectados reclaman una deuda global que se acerca a los 2.000 millones de pesetas, la oferta de la administración se estancó en unos 220 millones.

Los afectados aguardan conocer pronto la "hoja de aprecio" que el Ayuntamiento debería haberles presentado en enero, como paso previo a la intervención del jurado de justiprecio, en el que tampoco mantienen demasiadas esperanzas.

El presidente de la aociación de afectados, Andrés Míguez Varela, manifestó a Servimedia su temor a que se mantenga el silencio administrativo en el proceso, "que parece ser la norma de los que nos gobiernan".

Hasta el momento la Administración sólo hizo unos depósitos previos que suponen unas 25 pesetas por metro, según este portavoz.