Así consta en el informe anual de la citada coordinadora, formada por 45 entidades y presentado hoy en Madrid, un día antes de la celebración del Día Internacional en Apoyo a las Víctimas de la Tortura.

El portavoz de la Coordinadora para la Prevención de la Tortura, Jorge del Cura, aclaró que todos estos casos se refieren a situaciones contrastadas sobre denuncias por tortura, violencia institucional, malos tratos y tratos inhumanos, crueles o degradantes en centros de detención de personas.

En este sentido, agregó que el número de casos realmente fue mayor, porque "la mayoría de las personas que sufren torturas no se atreven a denunciar", y mencionó concretamente a inmigrantes y presos.

Cataluña fue la comunidad autónoma con el número más elevado de personas torturadas según la coordinadora (215), seguida de Madrid (103), País Vasco (93) y Andalucía (81), aunque el ranking regional de denuncias por cada 100.000 habitantes lo encabeza Ceuta (10,17), seguida de Melilla (4,08).

La mayoría de los denunciantes participaban en movilizaciones sociales (ecologistas, okupas, sindicales, etc.), con 302 personas, por delante de inmigrantes (103), presos (69) o personas detenidas en régimen de incomunicación (45).

El Cuerpo Nacional de Policía fue el que, según la Coordinadora para la prevención de la Tortura, cometió más actos de tortura (197), seguido de los Mossos d'Esquadra (190), los funcionarios de prisiones (65), la Ertzaintza (46), la Guardia Civil (43) y otras policías autonómicas (4).

Ante esta situación, Carlos Hernández, miembro de la Coordinadora para la Prevención de la Tortura, enumeró una serie de recomendaciones, como la erradicación del régimen de incomunicación, garantizar el acceso a un abogado y un médico a la persona torturada, "habeas corpus" en las medidas judiciales para los agredidos, un protocolo para la supervisión de las cámaras de videovigilancia, la investigación imparcial de los casos y la reparación a las víctimas.