Corbacho advierte de que no se autorizarán ERE fraudulentos

MADRID
SERVIMEDIA

El ministro de Trabajo e Inmigración, Celestino Corbacho, advirtió hoy en los pasillos del Congreso de los Diputados que la autoridad laboral no aprobará ningún ERE que pretenda cometer un "fraude" acogiéndose a la nueva normativa laboral.

La advertencia va directamente dirigida a la empresa alavesa Saunier Duval, pertenececiente a la multinacional alemana Vaillant, que ha decidido retirar el ERE de extinción presentado hace apenas unas semanas, que preveía el despido de 80 personas, y presentar uno nuevo de las mismas características pero con un coste menor de los despidos.

Corbacho explicó que "como el ERE debería pasar por la autoridad laboral, si es para cometer un fraude, ya anticipo que no hace falta que esperen, porque no se lo vamos a aprobar".

El Expediente de Regulación de Empleo sólo superará la autorización administrativa en caso de que sea "ajustado a la legalidad y por razones objetivamente" demostrables. Sólo en ese caso "será autorizado".

El titular de Trabajo, que acudió al Congreso a inaugurar la reunión de los presidentes de comisiones de Trabajo e Inmigración de la UE, insistió en que "la reforma laboral no introduce elementos diferentes a los que ya existen para los ERE, tanto de suspensión temporal como extintiva".

El real decreto de reforma laboral, convertido ya en proyecto de ley, dice textualmente: "Se entiende que concurren causas económicas cuando de los resultados de la empresa se desprenda una situación económica negativa. A estos efectos, la empresa tendrá que acreditar (ante el juez o la Administración) los resultados alegados y justificar que de los mismos se deduce mínimamente la razonabilidad de la decisión extintiva".

Entiende Corbacho que algunos "están sacando unas conclusiones que no tienen nada que ver con la realidad". Antes de esta reforma, un empresario podía hacer un expediente por causas objetivas para despedir o ajustar una plantilla y en última instancia era el juez el que tenía que determinar si concurrían esas circunstancias objetivas o si el despido era improcedente", igual que ahora. En ese último caso "el coste para ese empresario será de 45 días".

"Que de esta reforma se desprenda que se va a permitir a un empresario, sin más, hacer un ajuste de su plantilla e ir directamente a un pago de 20 días no va a ser tan sencillo, porque es un acto sometido a tutela judicial", advirtió Corbacho.

(SERVIMEDIA)
24 Jun 2010
SGR/caa