Zapatero se expresó así durante la sesión de control en el Senado, al responder una pregunta del portavoz de CiU, Jordi Vilajoana, sobre la anunciada reducción del gasto de las comunidades en 11.000 millones de euros, el mismo importe en que se acordó incrementar la financiación autonómica.

Vilajoana se quejó por la coincidencia de la cifra, como si el Ejecutivo tratase de restar ahora a los gobiernos regionales el mismo importe que se les prometió con el nuevo modelo de financiación de las comunidades.

Zapatero aseguró que "no hay conexión directa" entre ambas cantidades de dinero y justificó el recorte porque "no hay ningún modelo de financiación que sea inmune a la crisis y a la reducción de ingresos" que ha sufrido el Estado en los dos últimos años de crisis.

Explicó que las autonomías tienen que reducir el déficit del 2,4% al 1,3%, lo que supone 11.000 millones de euros; mientras que el Gobierno central llevará a cabo una reducción mayor de 19.000 millones de euros.

Vilajoana replicó que que el Gobierno central debería hacer "un esfuerzo mayor" para recortar el gasto público, con el fin de asumir parte de los 11.000 millones de euros de reducción del presupuesto que se ha impuesto a las comunidades autónomas.

Opinó que el Estado "se ha adelgazado poco" para lo que debería, ya que algunos ministerios que han cedido sus competencias a las comunidades tienen ahora más funcionarios de los que contaban en 1979, al principio de la democracia.

Vilajoana reclamó a Zapatero "un esfuerzo para adelgazar" la administración central con el fin de hacerla "menos costosa", ya que si las comunidades llevan a cabo un recorte mayor del actual acabará afectando a los servicios sociales que prestan a los ciudadanos.

En particular, resaltó que la reducción del gasto público ya está afectando a los ingresos de médicos y profesores porque "están ganando menos dinero" que antes de la crisis.

Insistió en que la administración central debería "adelgazar más porque tiene menos competencias que las comunidades y acumula más déficit".

En este sentido, Zapatero coincidió en la conveniencia de no dañar las prestaciones sociales y subrayó que su Gobierno es partidario de "privilegiar el recorte del gasto público en los ámbitos de menor aceptación social".