El ministro hizo este anuncio durante el acto celebrado junto al presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Carlos Dívar, para firmar el III Plan de Actualización del Tribunal Supremo para el periodo 2010-2012.

Caamaño defendió que está inversión puede ayudar a mejorar la economía española. En este sentido, explicó que la seguridad jurídica es fundamental para el tráfico mercantil y económico porque sin confianza en las instituciones judiciales “es muy difícil encontrar la seguridad necesaria para consolidar la economía competitiva que España necesita”.

El principal objetivo del plan contenido en el acuerdo firmado entre Dívar y Caamaño es conseguir que el Tribunal Supremo logré para el año 2012 alcanzar la pendencia cero, es decir, conseguir que todos los asuntos que ingresen en el Alto Tribunal sean resueltos en menos de un año.

El acuerdo prevé una serie de medidas dirigidas a la modernización tecnológica del Tribunal Supremo, como la implantación del sistema de digitalización de documentos y el expediente electrónico, que permitirán una gestión documental integral y la agilización de la tramitación de expedientes y la eliminación del papel físico.

El plan también establece el fortalecimiento interno del Alto Tribunal a través de su reorganización administrativa, para poner a su disposición los medios y elementos necesarios para hacer frente a su carga de trabajo. Las actuaciones, en ese sentido, van orientadas a la mejora del gabinete técnico y el despliegue de la Nueva Oficina Judicial en el Tribunal Supremo.

Por último, el proyecto contempla la catalogación de todos los documentos guardados desde hace casi 200 años en el Tribunal Supremo para crear un archivo histórico de la institución.

Caamaño aseguró que todas estas actuaciones redundarán en un “fortalecimiento del Supremo como institución” y en un refuerzo del papel que la Constitución otorga al tribunal. Se trata, en definitiva, de “ofrecer a los españoles una justicia más efectiva y cómoda”.

Por su parte, Dívar aseguró que el plan va a permitir alcanzar “mayores cuotas de seguridad jurídica” que se traducirán en una más efectiva tutela judicial a los ciudadanos. El objetivo es conseguir “que los españoles tengan el Tribunal Supremo acorde a la importancia que le otorga la Constitución”.