Así, la organización afirma que este retraso se puede tratar de uno de los primeros indicios de un recorte social y advirtió de que esto podría "generar conflictos insalvables por entenderse que estas actitudes perjudican seriamente a la calidad de vida del colectivo de personas con discapacidad".

Según ellos, los débiles comenzarán a pagar las consecuencias de un sistema de gestión erróneo. "Hablamos de subvenciones destinadas al mantenimiento de la salud de las personas con discapacidad a través de programas de rehabilitación y tratamientos. En consecuencia, vitales para que su calidad de vida no se vea perjudicada", asevera la entidad.

Hace un año el Comité exigió al Ejecutivo regional cierto compromiso y la Consejería de Familia y Asuntos Sociales optó por crear un sistema de subvenciones bianual. Sin embargo, Cermi considera que el sistema actual de subvenciones es "incompatible con las necesidades que las personas con discapacidad y sus familias tienen a diario. En este sentido, el Comité insta a resolver esta situación cuanto antes”.

Por todo ello, Cermi "quiere dejar claro que centrará su línea de trabajo en conseguir una regulación que dé tranquilidad, estabilidad y seguridad al tejido asociativo de las personas con discapacidad representadas en sus organizaciones y que atienden, a través de todas sus estructuras, a miles de personas con algún tipo de discapacidad en nuestra región".