Para el Cermi, el cumplimiento o no de este mandato legal debería condicionar la contratación por parte de las empresas de los bienes, productos y servicios que ofrecen los proveedores.

El comité mantiene si se generalizase esta iniciativa en el tejido empresarial "se desencadenaría una espiral muy favorable a la generación de empleo para personas con discapacidad", un grupo social "severamente excluido del mercado de trabajo".

Finalmente, el Cermi señala que la apuesta de las empresas privadas por este tipo de actuaciones "contrasta con la resistencia de las administraciones públicas a adoptar esta medida", ya que "siguen contratando con empresas que no cumplen las leyes que el propio Estado dicta".