La proposición, que se debatirá en la Comisión de Discapacidad de la Cámara Baja, apuesta también por revisar los baremos de la Ley de Dependencia aplicables a los usuarios sordociegos para la ayuda de asistente personal o mediador.

Del mismo modo, el texto insta al Ministerio de Educación a que regule la cualificación profesional de los mediadores o facilitadores en Sordoceguera, de acuerdo con lo promovido en la ley de lengua de signos y ayudas a la comunicación oral.

Y es que, sostienen los dos grupos parlamentarios, aunque las distintas administraciones han ido dando pasos, "no se dispone de una herramienta fiable para afrontar en su precisa dimensión el mandato de facilitar el pleno ejercicio de sus derechos a las personas con sordoceguera".