Así, a partir del año 2013 todas las administraciones públicas y todas las empresas estatales tendrán que pagar obligatoriamente a los 30 días. Hasta entonces, se seguirá un periodo transitorio para su entrada en vigor.

Por su parte, en los plazos de pago entre empresas, se establece un periodo máximo de 60 días para que las compañías paguen a sus proveedores.

Otra de las iniciativas que contempla la reforma es la obligatoriedad de plasmar en los balances de las empresas los plazos de pago que han mantenido a lo largo del año con los compromisos comerciales adquiridos.