Según el presidente de la Sección Fotovoltaica de APPA, Javier García Breva, "el hecho de que se afecten derechos reconocidos mediante medidas retroactivas es de suma gravedad, no sólo para las energías renovables, sino para toda la economía española".

"El precedente de la retroactividad afectará seriamente a la reputación de España de cara a las inversiones nacionales e internacionales", añadió.

En este sentido, García Breva se mostró rotundo con respecto a la proposición del Ministerio de Industria de reducir en un 30% la retribución marcada por la legislación para las instalaciones fotovoltaicas acogidas al Real Decreto 661/2007.

"Lo mínimo que se le puede pedir a un Gobierno es seguridad jurídica, que se respete la regulación y que no se modifique posteriormente con carácter retroactivo", afirmó.

"Este es hoy un problema de la fotovoltaica pero, como en su día pasó con el prerregistro o con los cupos, esta tecnología sirve de campo de cultivo para después instaurar medidas sobre el resto de renovables", agregó.

Según APPA, tras un mal año para el sector fotovoltaico -2009-, en el que su volumen se redujo en un 95% con respecto al año anterior, las nuevas propuestas del Ministerio de Industria suponen "otro jarro de agua fría" para la tecnología fotovoltaica. Unas propuestas que, según esta organización, contrastan con el discurso público del Gobierno de apoyo a las energías renovables.

"Estamos viendo un comportamiento bipolar incluso en el propio Ministerio: por un lado se reconoce en privado que la energía fotovoltaica es la energía del futuro y, por otro lado, se le culpa en público de todos los males del sistema eléctrico", subrayó Javier García Breva.

"Si desapareciese mañana la fotovoltaica de España seguiríamos teniendo déficit tarifario y seguiría siendo necesaria la subida de la luz", sostuvo.

Finalmente, aludió a la reducción de los objetivos de energía solar prevista por el Ejecutivo (suponer pasar de los 15.685 megavatios -MW- del mix de Zurbano a 13.446 MW). Para APPA, esta disminución tendrá "graves consecuencias", ya que conllevará la paralización casi total de la fotovoltaica en España. Asimismo, "la sensación de inseguridad jurídica no sólo afectará a la fotovoltaica sino que se extenderá a otros sectores económicos", dificultando la inversión, concluyó.