El texto solicita que la futura legislación tenga en cuenta las demandas y peticiones de la discapacidad organizada, permitiendo para ello su participación en los órganos de consulta previstos a tal efecto en la ley, en aplicación del principio de democracia participativa reconocido en la actual legislación.

En este sentido, el Cermi destaca la importancia de propiciar que las asociaciones de miembros de las Fuerzas Armadas con una discapacidad adquirida durante su permanencia en las mismas que están en la situación de retirados, puedan ser los interlocutores oficiales que propongan medidas en beneficio de los militares retirados y sus familias.

Para ello, la Ley debe contemplar la integración de las asociaciones de militares retirados con discapacidad en las reuniones en pleno del Consejo de Personal, nuevo órgano de participación creado.

De este modo, en su opinión, “se fortalecerían los mecanismos de colaboración y participación de las personas con discapacidad y sus familias, y de las asociaciones que las representan, en aplicación del principio de diálogo civil reconocido en la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, incorporada a la legislación española desde mayo de 2008”.

Por otro lado, el Cermi también pide que se excluya la discriminación por razón de discapacidad en el acceso a los empleos militares y para ello propone evaluar adecuadamente los casos en que se considera incompatible tener una discapacidad con el desempeño de una actividad profesional.

También se propone una modificación legislativa para la eliminación de la discriminación indirecta hacia militares con discapacidad en el desarrollo de su carrera militar, con el fin de adaptarla transversalmente a la legislación en materia de discapacidad y a la Convención de la ONU.