En su participación en un curso organizado por la Asociación de Periodistas de Información Económica (APIE) en la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP) de Santander, Blanco mostró su “máximo respeto” a las decisiones de los sindicatos, pero admitió que le "gustaría que la respuesta a la reforma fuera proporcionada”.

En este sentido, defendió que estamos “viviendo situaciones de dificultad que exigen respuestas nuevas a los nuevos desafíos” y añadió que el Gobierno considera que la reforma propuesta “es la mejor para el interés general”.

“Estamos pensando en el futuro de la economía, en el empleo estable frente a tanta precariedad, y eso exige de esta reforma y vamos a hacer todos los esfuerzos respetando siempre a los sindicatos”, apuntó el responsable de Fomento.

También aseguró que, aunque la reforma llevará a un modelo laboral “más flexible”, también tendrá “más empleo estable y menos precario”.

Blanco se refirió además a las fallidas negociaciones de un acuerdo con los agentes sociales y apuntó que “unos –los empresarios- querían más flexibilidad y otros –los sindicatos- menos flexibilidad, así que hemos creído que el camino correcto era el del equilibrio”.

En cuanto a la tramitación de la reforma laboral, el ministro dejó claro que la propuesta del Ejecutivo se tramitará en primer lugar como real decreto para que entre en vigor “esta misma semana”; mientras que en el Congreso será mediante proyecto de ley con el objetivo de lograr el mayor consenso posible.

Blanco subrayó que España necesita la reforma del mercado de trabajo “con urgencia”, ya que, en este momento, el principal problema del país es “la creación de empleo” y que las personas con una ocupación “precaria” logren una estable.

No obstante, recordó que “todas las reformas laborales se han tramitado como proyecto de ley, menos una, la del PP, y eso fue objeto de una sentencia del Constitucional que dijo que no estaba justificada la urgencia”.

Sin embargo, añadió que la reforma se someterá al trámite parlamentario para lograr que las medidas “logren el objetivo de perdurar en el tiempo” y se genere “el máximo consenso posible”.

En este sentido, instó a algunos grupos parlamentarios a que “abandonen el interés partidista y hagan, aunque sea sólo por una vez, una apuesta por el interés general”.

Además, destacó que con el trámite como proyecto de ley, las formaciones parlamentarias, “por un día”, tendrán que poner “por escrito” a través de las enmiendas las medidas que ellos tomarían. “Tendrán que pasar de los abstracto a lo concreto”, dijo y advirtió de que “es muy difícil poner propuestas encima de la mesa si se está pensando en los votos y no en el interés del país”.

Por otro lado, subrayó que los límites de la reforma serán “los derechos constitucionales de los trabajadores”, por lo que hay cuestiones, como derogar la tutela judicial por decreto, que no se pueden plantear.

Asimismo, indicó que se “pueden avanzar más en algunos aspectos”, como en las causas de despido o en “vincular más los salarios a la productividad”.

En este último caso, advirtió de que en España la masa salarial en relación a la productividad “es muy elevada”, por lo que considera “muy lógico” que se “hable de estas cosas”, ya que son “las que pueden contribuir a crear empleo”.