Durante los dos últimos años, los juzgados británicos habrían juzgado en torno a 576 delitos contra personas con discapacidad en el Reino Unido, según datos de dicha comisión, de los que la mitad conllevan violencia.

Esta organización tiene pruebas que apuntan que otros muchos casos de violencia y acoso no son denunciados, y, por ello, las autoridades de servicios sociales, prevención de delitos, operadores de transporte público y otros organismos públicos no pueden adoptar medidas para evitarlos.

El objetivo de la investigación es examinar de qué modo han ayudado las instituciones públicas y proveedores de transporte público a las víctimas con discapacidad de acoso y actos violentos, y las medidas preventivas adoptadas por los cuerpos de policía, servicios sociales y escuelas, entre otros, en Inglaterra, Escocia y Gales.

Para ello se realizará una encuesta entre representantes de dichas organizaciones y personas con discapacidad, con el fin determinar si éstas últimas buscaron ayuda en dichos casos, y si la obtuvieron.

Al término de la investigación, las organizaciones y empresas que no estén haciendo lo suficiente para prevenir este problema y proteger los derechos humanos de las personas con discapacidad, podrían enfrentarse a acciones legales para que corrijan esa situación

La investigación recogerá datos hasta el próximo 10 de septiembre, que se podrán aportar a través del sitio web, el correo electrónico y los teléfonos de EHRC.

También se podrá facilitar esa información a través de diversos eventos locales, organizados para este fin en todo el Reino Unido durante los tres próximos meses.