En una nota de prensa, UGT indicó que esta medida "quiebra el derecho constitucional a la negociación colectiva y vulnera los convenios pactados, rompiendo el diálogo entre la representación sindical y la dirección de las diferentes empresas afectadas".

Ante esta situación, el sindicato instó a los diferentes comités de las empresas afectadas a consensuar un calendario de movilizaciones que no excluya la huelga.

Además, aconsejó a la Comunidad de Madrid que impulse las medidas oportunas para perseguir el fraude fiscal, "abandone su política de despilfarro y desista de adoptar medidas que sólo conducen a la creación de un escenario de conflictividad laboral en la región".