En su declaración, el Consejo alega que las causas de la situación están suficientemente analizadas, por lo que es inexcusable e inaplazable la necesidad de adoptar las medidas que los responsables políticos y económicos consideren necesarias, aún a sabiendas de que acarrearán esfuerzos y sacrificios para la población, que deberán distribuirse de la manera mas equitativa y justa posible. Además, la rapidez en su adopción es fundamental para minimizar los perjuicios, continua el manifiesto.

En cuanto a las soluciones, el organismo proclama que existe un convencimiento general de que hemos estado viviendo por encima de nuestras posibilidades y que la magnitud de los déficit públicos no pueden ser sostenibles a corto plazo, por lo que se requieren cambios estructurales en aspectos tan sensibles como el tupido entramado de las Administraciones públicas, la estructura presupuestaria, el marco laboral, el tejido financiero, el sistema educativo o el modelo de pensiones y el de salud, entre otros.

Además, el Consejo expone que la iniciativa ha de estar en manos del sector privado, pero el sector público debe dar apoyo, facilitar las condiciones marco y ayudar a los agentes económicos en su proceso de adaptación a las nuevas circunstancias económicas.

Paralelamente, continua el manifiesto, el sector público, y especialmente sus máximos representantes, tienen la obligación de definir el camino a seguir para superar la actual situación, liderar la sociedad y dar ejemplo con sus actuaciones al conjunto del país, mediante la total transparencia en sus comportamientos y austeridad en el gasto, primando los gastos sociales y de inversión y reduciendo los suntuarios.

Por último, el Consejo estima que para ello es fundamental que el modelo de organización de las administraciones públicas sea coherente con las circunstancias actuales y con los retos futuros, y si es necesario, realice su ajuste estructural de igual manera que lo ha tenido que hacer en estos últimos años el sector privado.