Según informó la Comisión, su temor es que las ayudas se hayan utilizado para cumplir las obligaciones medioambientales de la UE, que eran imperativas en cualquier caso.

La comisaria Margrethe Vestager, responsable de la Política de Competencia, explica que “si contaminas, pagas”, y que “este es un principio largamente fundamentado en la legislación medioambiental de la UE, que las normas sobre ayudas estatales de la UE no permiten a los Estados miembros liberar a las empresas de esta responsabilidad utilizando dinero del contribuyente”.

“Creemos actualmente que este régimen español no incentivó a las centrales de carbón para que redujeran las perjudiciales emisiones de óxido de azufre, ya que ya estaban obligadas a ello en virtud del Derecho de la UE en materia de medio ambiente”, añade.

Por lo tanto, cree que “el apoyo dado a esas centrales de carbón les confirió una ventaja competitiva desleal”.

En 2007, las autoridades españolas introdujeron un incentivo medioambiental para apoyar la instalación de nuevos filtros de óxido de azufre en las centrales de carbón existentes.

Estos filtros debían reducir las emisiones de óxido de azufre de las centrales por debajo de determinados límites. A cambio, las centrales de carbón tenían derecho a recibir ayudas públicas relacionadas con el tamaño de la central durante un período de 10 años, de 8.750 euros por megavatio al año.

Desde 2007, un total de 14 centrales de carbón se han acogido a este régimen y han recibido en total más de 440 millones de euros en concepto de ayudas públicas, y se seguirán realizando pagos hasta 2020.

España no notificó esta medida a la Comisión para su evaluación con arreglo a las normas sobre ayudas estatales de la UE. En este momento, la Comisión teme que los límites de emisión impuestos a los beneficiarios del régimen simplemente dieran cumplimiento a las normas obligatorias de la UE en materia de medio ambiente aplicables entonces a las centrales de carbón.

La Comisión proseguirá su investigación para determinar si sus dudas iniciales están justificadas. La apertura de una investigación pormenorizada brinda a España y a los terceros interesados la oportunidad de presentar sus observaciones, sin perjuicio del resultado de la investigación.