A través de un comunicado conjunto, ambas organizaciones incidieron en que el texto de la norma aprobada por el Senado incorpora una "inaceptable retroactividad" .

Además, según estas dos entidades, "mientras las Administraciones Públicas no procedan a ponerse al día en el pago de la deuda vencida que, en estos momentos, mantienen con las empresas y cumplan con sus plazos de pago, la ley no podrá ser cumplida, siendo poco realista que, en el imprescindible marco de consolidación fiscal, el Instituto de Crédito Oficial pueda establecer líneas de crédito para atender la deuda de las corporaciones locales".

De hecho, consideran que "la ley aprobada por el Senado no ha considerado el efecto que tendrá en este sector: si las empresas constructoras de obra pública van a seguir cobrando de las Administraciones Públicas a una media de 157 días y deben pagar, a partir de la entrada en vigor de la ley, a sus proveedores y subcontratistas a 60 días, resulta obvio que dependerán del crédito bancario para financiarse al suprimirse, por Ley, el crédito comercial".

"Y ello se ve agravado en el escenario actual de importantes restricciones de crédito, que afecta especialmente a las empresas constructoras", añadieron.

Por ello, Seopan y Ancop lamentaron, asimismo, que en la aprobación de la ley no hayan prevalecido los intereses generales del sector de la obra pública española y aboque a este sector a una situación en la que podría generalizarse la judicialización de las relaciones contractuales.