Según informó el Ministerio de Justicia, el Gobierno remitió a la Cámara Baja este proyecto a propuesta del titular este departamento, Rafael Catalá. Esta iniciativa busca modificar la Ley 23/2014, de 20 de noviembre, referente al reconocimiento mutuo de resoluciones penales en la Unión Europea, con el fin de regular la Orden Europea de Investigación (OEI), contribuyendo a la mejora en la investigación de delitos de alcance transfronterizo europeo.

Este proyecto de ley cumple con la transposición normativa de la Directiva 2014/41/UE, de 3 de abril, de 2014, relativa a la Orden Europea de Investigación en materia penal basada en la consolidación de un único instrumento válido para la cooperación judicial de carácter penal entre los Estados miembros.

“MAYOR EFICACIA”

La finalidad que persigue esta normativa comunitaria es crear un sistema general de obtención de pruebas en los casos que tengan dimensión transfronteriza mediante el instrumento denominado Orden Europea de Investigación (OEI).

El modelo resultante de esta transposición es plenamente compatible con las funciones que la legislación procesal penal atribuye en España tanto a los jueces como a los fiscales.

Es en el plano de la recepción de las órdenes europeas donde se ha centralizado la función en al Fiscalía, a quien se encomienda la ejecución cuando la orden no contenga medidas limitativas de derechos fundamentales, remitiéndola al juez competente en caso contrario.

Según Justicia, este sistema presenta como ventajas “una mayor eficacia y mejor gestión de recursos humanos y materiales”. El Ministerio Público realizará un control de legalidad de todas las OEI recibidas, centralizando así un procedimiento que facilitará enormemente el diálogo entre las autoridades extranjeras y las españolas.