Las comunidades que disponen de esos recursos son Andalucía, Madrid, Extremadura, Aragón, Asturias, Cantabria, Castilla y León, Cataluña y Valencia.

Además, las ONG lamentan que no haya ni un solo centro público de emergencias que funcione las 24 horas del día, durante los siete días de la semana, especializado en situaciones de violencia sexual de carácter estatal.

"En algunas de las regiones los servicios no están garantizados, sino que son iniciativas privadas dependientes de subvenciones públicas. Esta situación genera desigualdad territorial y no garantiza estándares mínimos en todo el Estado", subrayaron.

Asimismo, recordaron que "la violencia sexual está excluida de la Ley Orgánica 1/2004, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género. Esta situación deja a las supervivientes o potenciales víctimas en una situación de desprotección e indefensión jurídica".

Por todo esto las 10 organizaciones firmantes de este comunicado piden la incorporación de la violencia sexual en la legislación actual y futura sobre violencia de género, que la educación sexual esté presente en el currículum escolar de todos centros educativos como una herramienta preventiva imprescindible de la violencia sexual, formar adecuadamente en estas materias a los ámbitos jurídico, policial, social y sanitario y la dotación económica necesaria para la lucha integral contra la violencia hacia las mujeres, acorde con la dimensión del problema.