Lo dijo en respuesta a una interpelación que le formuló el diputado del PDECat Jordi Xuclá, sobre la “crisis de democracia” del sistema judicial español, que considera constatada a partir de informes que sitúan a España al nivel de países africanos o asiáticos en la percepción de la independencia de los tribunales.

Xuclà centró gran parte de su intervención en la aplicación del artículo 155 de la Constitución en Cataluña y juzgó “absolutamente inaceptable” que el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, se niegue a explicarlo en el Congreso de los Diputados y solo un secretario de Estado vaya a comparecer en el Senado.

Denunció que las decisiones tomadas por el Ejecutivo no están dentro de las competencias que ese artículo le otorga porque las causas de disolución del gobierno de la Generalitat y del Parlamento de Cataluña están expresamente tasadas en el Estatuto de Autonomía.

Por tanto, sentenció, se ha cesado al presidente y al gobierno de la Generalitat, se ha disuelto el Parlamento de Cataluña y se han convocado elecciones “sin base legal”, haciendo una interpretación “desbordada y desbordante” del artículo 155 y rompiendo con ello el principio de autonomía política consagrado en la Constitución.

Xuclà subrayó que en tres ocasiones durante el trámite de la Constitución se planteó la posibilidad de incluir expresamente esa posibilidad de disolución de parlamentos autonómicos de forma excepcional en aplicación de ese precepto, pero se rechazó porque no era la voluntad del constituyente. Las constituciones que sí lo contemplan, precisó, como la de Austria o la de Italia, no hacen de forma expresa.

En virtud de todo ello, el PDECat solicita al Gobierno la suspensión y derogación del decreto de convocatoria de elecciones en Cataluña para el próximo 21 de diciembre.

En su respuesta, el ministro subrayó la independencia y profesionalidad de la Justicia en España, y alertó del “flaco favor” que implica intentar “hacer ver que las cosas son como no son realmente”.

Catalá aseguró que los ejemplos puestos por Xuclà no solo no desacreditan a la Justicia sino que demuestran la fortaleza de las instituciones y del sistema democrático. También la aplicación del artículo 155, aseguró, que es una “demostración de la fortaleza de la democracia”.

Pese a no tener precedentes, defendió que se aplicó con “escrupuloso respeto” a los aspectos formales y con una “amplísima” mayoría parlamentaria, y todas las decisiones se han tomado “dentro del máximo respeto” a la ley y a la Constitución.

PEDIR PERDÓN

En su turno de réplica, Xuclà apeló directamente al “uso de porras contra la población civil” el 1 de octubre y emplazó a Catalá a pedir perdón por un comportamiento “impropio” en una democracia. Criticar al Gobierno no es cuestionar la democracia, precisó, insistiendo en que el artículo 155 se está aplicando “a ciegas” sin ajustarse a Derecho.

El PDECat considera que el Gobierno “no tiene título habilitante” para disolver el Parlamento de Cataluña y convocar elecciones, por lo que Xuclà insistió en pedir al Ejecutivo que levante “las manos políticas” del autogobierno.

Catalá defendió la aplicación del artículo 155 y dijo a Xuclà que si alguien tiene que pedir perdón son quienes han “alimentado” la confrontación social y “el conflicto” en las calles de Cataluña.

Echó mano de la ironía para juzgar “muy buena la frase” de que Carles Puigdemont colabora con la Justicia, y se preguntó si lo hace al escapar “furtivamente” de ella y al disfrutar “de cenas y del clima de Bruselas” mientras sus compañeros de gabinete comparecen ante los tribunales.

Dijo además a Xuclà que el Gobierno está “deseando” conocer los partes médicos sobre la evolución de los lesionados ese día, porque sería “muy bueno saber qué tal les va, no vaya a ser que equivoquen la mano en la que tuvieron una capsulitis”, por citar uno de los “ejemplos de manipulación” sobre lo ocurrido aquel día.

Catalá defendió que el presidente del Gobierno disolvió el Parlamento de Cataluña y convocó elecciones en virtud de la “sucesión competencial” que le permite asumir todas las competencias que son propias al cargo cesado.

Y el origen de todo, concluyó, es “la más grave amenaza a la convivencia democrática de las últimas décadas cuando un Parlamento ha creído que podía imponer la independencia” sin respetar el marco constitucional ni el Estatuto de Autonomía.