“Los lazos deberían de quedarse para lo que han sido creados, para movimientos sociales y el Tercer Sector”, manifestó el secretario de Organización de la Confederación Española de Personas con Discapacidad Física y Orgánica (Cocemfe), Daniel-Aníbal García, en un acto celebrado en Madrid.

Las asociaciones de pacientes también han elaborado un manifiesto en el que condenan el empleo de estos lazos amarillos para pedir la libertad de Jordi Sànchez y Jordi Cuixart, conocidos popularmente como ‘los Jordis’ y presidentes de las entidades independentistas Asamblea Nacional Catalana (ANC) y Òmnium Cultural, respectivamente.

Estos lazos, símbolo de lucha contra la espina bífida desde el año 1998, han sido portados por los líderes secesionistas y por autoridades del cesado Gobierno de la Generalitat como emblema de lucha contra lo que consideran “presos políticos”.

“El lazo amarillo es desde hace años un símbolo de solidaridad, que se emplea como signo de apoyo a diferentes causas relacionadas con temas de salud”, recordaron los pacientes en el manifiesto. Y es que este lazo se emplea en causas como la lucha contra el suicidio, el cáncer de vejiga o la endometriosis.

“Nunca nos ha importado compartir color con ellos”, aseguraron los pacientes de espina bífida, pero pidieron que este emblema se reserve para “fines solidarios”. La presidenta de la federación de afectados por esta enfermedad, Carmen Gil, destacó lo “difícil de la celebración” del Día Nacional por la “desafortunada coincidencia” del uso del lazo por parte de soberanistas.

El manifiesto de los pacientes precisa que “a estas alturas no podemos cambiar el color del lazo de un símbolo que no sólo en España se asocia a la espina bífida. Por el contrario, España quiere que empezar a trabajar para que se reconozca su uso, a nivel internacional, en apoyo a la espina bífida”.

Este día de celebración y lucha de las personas con espina bífida supone para el colectivo"una oportunidad de recordar a la sociedad su situación y las necesidades que presentan para poder estar en igualdad de condiciones que el resto de ciudadanos", debido a las "secuelas que supone la malformación" y el "alto gasto" en productos sanitarios y de ortopedia.