Fuentes del Tribunal Supremo señalaron que la causa ha llegado ya al registro del Alto Tribunal después de que el juez de Madrid Pedro López Jiménez, que se hizo cargo del caso en un primer momento por encontrarse de guardia cuando ocurrieron los hechos, dictase el pasado 24 de mayo un auto de inhibición y remitiese la causa a este órgano jurídico.

El magistrado, titular del Juzgado de Instrucción número 1 de Madrid, decidió remitir la causa al Supremo tras certificar que Uriarte es diputado nacional y que, por lo tanto, ostenta la condición de aforado.

La Sala de Admisión del Tribunal Supremo deberá ahora reunirse para decidir la admisión a trámite de la causa.

Lo primero que deberán hacer los magistrados de esta sala es pedir un informe a la Fiscalía en el que se deberá argumentar la competencia del Tribunal Supremo para investigar los hechos, algo que no ofrece dudas, ya que el Alto Tribunal es el único órgano jurídico que puede imputar, procesar y juzgar a los miembros del Congreso de los Diputados.

Una vez admitida, la Sala de lo Penal deberá designar a un magistrado para que se haga cargo de la instrucción de la causa. Lo primero que deberá hacer el instructor será cursar un suplicatorio para que el Congreso le dé permiso para proceder contra el diputado popular.

Tras obtener el suplicatorio, el magistrado instructor podrá tomar declaración a Uriarte, imputarle y practicar cuantas diligencias considere oportunas antes de llevarle a juicio para que el diputado popular responda ante la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo.

Fuentes del Tribunal Supremo explicaron a Servimedia que se procederá contra Uriarte siguiendo el cauce habitual en las causas contra aforados y sin recurrir a la fórmula de los juicios rápidos habilitada para los delitos contra la seguridad vial.

EL COCHE DE UN AMIGO

El accidente de Uriarte tuvo lugar sobre las 07.00 horas del viernes 19 de febrero. A su paso por la calle Serrano de Madrid, el vehículo de Uriarte colisionó con otro coche que se encontraba parado en un semáforo en rojo, abollándole el parachoques y abriéndole el maletero.

El diputado, según explicó, iba conduciendo el coche de un amigo que iba más ebrio que él. Los policías municipales que acudieron al lugar de la colisión sometieron a Uriarte a un test de alcoholemia que reveló que el diputado conducía con una tasa de alcohol de 0,52 miligramos, más del doble de lo permitido.

El accidente tuvo lugar cuando regresaba a casa después de una velada en casa de unos compañeros. Uriarte iba acompañado de un amigo, que había bebido más que él, por lo que se ofreció a conducir pensando que no superaba la tasa permitida por la legislación vigente.

La repercusión mediática del accidente obligó a Uriarte a dimitir como vocal de la Comisión de Seguridad Vial del Congreso.

La conducta de Uriarte (conducir con una tasa de 0,52 miligramos de alcohol por litro de aire espirado) está tipificada como "infracción muy grave" y lleva aparejada la pérdida de seis puntos del carné de conducir y una multa de entre 301 y 600 euros, según la legislación vigente en el momento del accidente.

A pesar de que sólo se considera delito contra la seguridad vial la conducción con una tasa superior a 0,60 miligramos de alcohol por litro de aire espirado, la ley también establece como delito conducir con una tasa inferior si el autor "condujere un vehículo a motor o un ciclomotor con temeridad manifiesta y pusiere en concreto peligro la vida o la integridad de las personas".

Esta figura conlleva una pena de prisión de seis meses a dos años y privación del derecho a conducir vehículos a motor y ciclomotores por un plazo de entre uno y seis años.

PRECEDENTE EN EL SUPREMO

Tan sólo existe un precedente en el que el Tribunal Supremo haya investigado a un diputado por delitos relacionados con la seguridad vial. El caso se remonta a febrero de 1997, cuando el entonces diputado del PSOE Javier Barrero se negó a someterse a la prueba de alcoholemia en un control de la Guardia Civil tras ser parado a altas horas de la madrugada.

A pesar de ser imputado por un delito de desobediencia grave, la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo absolvió finalmente al ex diputado socialista en diciembre de 1999 al entender que el negarse a la practica de un control de alcoholemia si no se presentan síntomas externos de estar "bajo la influencia del alcohol" no constituye un delito y no puede rebasar los límites de una sanción administrativa.

Uriarte fue elegido diputado por la Comunidad Valencia en las elecciones generales de 2008, aunque es de Madrid. Actualmente, ha finalizado el mandato de tres años para el que fue elegido como presidente de Nuevas Generaciones del PP, aunque los estatutos le permiten seguir en el cargo hasta que se convoque un nuevo congreso.