"La modificación de esta ley supone un cambio importante en su enfoque, ya que la legislación se ha centrado en organizar los servicios sanitarios y en curar la enfermedad, y con este anteproyecto se vuelca en la prevención, reforzándose la atención primaria, cuestión muy importante para nuestro colectivo", destacó Mario García, presidente de la entidad.

El borrador de la norma reconoce algunos derechos y deberes "importantes para los ciudadanos", como recibir información sobre una intervención de salud pública antes de someterse a ella y el derecho a las prestaciones en salud pública, igualdad, confidencialidad y participación.

Esto supone, subrayó García en una nota, que el ciudadano "puede sentirse amparado y reclamar en el caso de que se vulneren sus derechos como paciente".

El texto prevé también la creación de la Red Estatal de Vigilancia en Salud Pública, como coordinadora de los diferentes sistemas autonómicos, así como la Red Estatal de Laboratorios de Salud Pública, algo que a juicio de Cocemfe es "un avance significativo", porque "una persona que esté enferma debe tener las mismas posibilidades de tratamiento, recursos sanitarios y atenciones, independientemente de la comunidad en la que viva".

Según el presidente de Cocemfe, "muchas de las carencias que padecen las personas con discapacidad y sus familias en sus condiciones de vida vienen motivadas por la rígida separación que existe entre los servicios sanitarios y los de bienestar social en España".

También, en muchos casos, asegura, la descoordinación entre ambos sistemas ha restado efectividad a las actuaciones y ha afectado de modo negativo a las personas que necesitan ambos servicios de forma conjunta y simultánea.

Aunque "todavía queda mucho por hacer para conseguir un auténtico espacio sociosanitario, parece que se están dando pasos adecuados para solucionar estas situaciones", finaliza el presidente de la Confederación Española de Personas con Discapacidad Física y Orgánica.