Así lo pone de manifiesto el organismo que dirige José María Marín Quemada en su informe relativo al mecanismo de interrumpibilidad y de capacidad que Energía está ultimando para que permita moderar los precios de la electricidad en el sistema de ajuste y evitar puntas como las del pasado mes de octubre.

En concreto, la interrumpibilidad es un sistema de subastas que permite que las empresas que más electricidad consumen reciban una retribución a cambio de su disponibilidad para desconectarse de la red en casos de emergencia para el suministro eléctrico.

Competencia cree que la revisión de este mecanismo “debería haberse abordado con la suficiente antelación”. De esta forma, la próxima subasta de interrumpibilidad “habría cubierto todo el año frente a los cinco meses” que ya ha aprobado el Ministerio.

Según el regulador, “esta limitación temporal se ha justificado para adaptar el servicio a las exigencias requeridas por la Unión Europea y porque entrará en vigor el nuevo marco regulatorio europeo en 2018 que introducirá nuevos cambios”.

Por otra parte, la CNMC considera que Red Eléctrica (REE), el operador del sistema, debería justificar mediante una metodología de estudio que “realmente es necesario subastar unas cantidades tan elevadas de potencia interrumpible”.

Competencia también destaca que en la actualidad, la Comisión Europea está investigando a varios países, entre ellos España, por los sistemas de pagos por capacidad a determinadas compañías energéticas nacionales al entender que dichos mecanismos no pueden suplir la reforma que requieren los mercados eléctricos y podrían incurrir en ayudas de Estado no autorizadas.

En lo que respecta a las subastas de interrumpibilidad, Competencia destaca la “complejidad” de este sistema, lo que a su juicio explica que su duración en ocasiones se haya prolongado durante cinco días en horario de 9.00 a 20.00 horas y el “elevado coste” de su organización (entre 504.000 y 660.000 euros) comparado con las diferentes subastas eléctricas y gasistas con costes situados entre 75.000 y 205.000 euros.

Además, reitera que las subastas del producto de 90 megavatios son susceptibles de plantear problemas de competencia, como consecuencia del escaso número de empresas que pujan en ellas y, por tanto, de la poca presión competitiva, por lo que recomienda acumular las ofertas en los bloques de 5 megavatios, para permitir una mayor desagregación.

Finalmente, Competencia manifiesta su disconformidad con el modo de proceder de la Secretaría de Estado de Energía del Ministerio porque “ya ha publicado, antes de que la CNMC enviara su informe, la Resolución de 11 de octubre de 2017, por la que se aprueba el calendario y las características de las subastas del servicio de gestión de la demanda de interrumpibilidad”. El organismo entiende que de esta manera “condiciona –y por ello mismo menoscaba- la función como órgano consultivo de esta Comisión”.