La proposición, fruto de una enmienda transaccional, pide al Ejecutivo que “se incluya en las estadísticas judiciales o públicas la información relativa a las personas que causen alta en una incapacitación o cuya capacidad de obrar haya sido modificada judicialmente, aquellas que por algún motivo causen baja en dicha situación, así como aquellas que tengan activa una incapacitación o capacidad de obrar modificada judicialmente”.

Asimismo, establece que esta medida debe realizarse “en el marco de juzgados y tribunales, así como en el nuevo Registro Civil Digital que se pondrá en marcha progresivamente, según dispone la ley 20/2011 y de acuerdo con las comunidades autónomas y el Consejo General del Poder Judicial”.

De esta manera, permitirá conocer “las distintas variables sociodemográficas relevantes de dichas personas”, como por ejemplo “sexo, provincia y comunidad autónoma de residencia, edad a la que fueron sometidas a incapacitación y modalidad de incapacitación (tutela, curatela, otras, prórroga de la patria potestad, etc)”.

Al respecto, el portavoz del Grupo Parlamentario Socialista en esta comisión, Joan Ruiz, defendió la necesidad de llevar a cabo esta medida, porque “en pleno siglo XXI, cuando existen estadísticas de todo tipo elaborados por todo tipo de organismos públicos y privados no existen en España ninguno que nos puede ofrecer datos concretos y fiables” de ciudadanos que están incapacitados judicialmente.

En este sentido, destacó la dificultad de que los poderes públicos puedan dar cumplimiento a la Convención de Naciones Unidas para los Derechos de las Personas con Discapacidad si no se tienen datos fiables y actuales sobre la realidad de la incapacitación judicial de las personas.

Por su parte, el diputado de Ciudadanos Diego Clemente expresó su deseo de que “más pronto que tarde, la incapacitación judicial, la tutela, la curatela o la patria potestad prorrogada sean instituciones reducidas a nuestra historia del derecho y que nuestra jurisdicción voluntaria hablemos de procedimientos de ayuda en la toma de decisiones”.

Asimismo, la diputada del Grupo Confederal de Unidos Podemos–En Comú Podem–En Marea María Teresa Arévalo celebró la inclusión de las enmiendas presentadas, referidas a “establecer un plazo de seis meses” y a “instar al Gobierno a llevar a cabo una reforma profunda del Sistema de Incapacitación vigente y de sus instituciones básicas”, con el objetivo de adecuar la legislación a la citada Convención.

Finalmente, María Dolores Alba, del PP, aseguró que su grupo también comparte “la necesidad de disponer de estos datos”.