En los pasillos del Congreso de los Diputados, el sindicalista precisó que se trataba de una “huelga legal” porque habían despedido a una serie de trabajadores y desde el sindicato solicitaban su readmisión.

“La Junta de Andalucía notificó unos servicios mínimos que fueron cuestionados por el sindicato”, explicó, por lo que, según aseguró, “hubo un piquete que paralizó” esos servicios mínimos.

Tras una denuncia interpuesta a Cañamero por el Ayuntamiento de El Coronil, que estaba gobernado por el socialista Jerónimo Guerrero, la Guardia Civil procedió a su detención en 2013 por los incidentes acaecidos en una huelga que duró 72 días.