En un nuevo informe titulado ‘Hora de recargar’, Amnistía clasifica a 29 multinacionales en función de cómo han mejorado sus prácticas de abastecimiento de cobalto desde enero de 2016 y concluye que, si bien unas cuantas empresas han hecho avances, otras siguen sin adoptar siquiera medidas básicas como investigar sus cadenas de suministro en la República Democrática del Congo.

Entre las empresas analizadas hay fabricantes de baterías (LG, Samsung SDI y Sony), compañías de ordenadores y electrónica (Apple, Dell, HP, Huawei, Lenovo, Microsoft, Samsung Electronics, Vodafone y ZTE) y fabricantes de vehículos eléctricos (BMW, Daimler, Fiat-Chrysler, General Motors, Renault, Tesla y Volkswagen).

Seema Joshi, responsable de Empresas y Derechos Humanos de Amnistía Internacional, indicó que las investigaciones iniciales de esta organización indican que “en las cadenas de suministro de algunas de las marcas más importantes del mundo hay cobalto extraído por niños y adultos en terribles condiciones en la República Democrática del Congo”. “Cuando nos pusimos en contacto con estas empresas, nos sorprendió descubrir que muchas no hacían preguntas básicas respecto a la procedencia de su cobalto”, añadió.

Joshi subrayó que, casi dos años después de la anterior investigación, “algunas de las empresas más ricas y poderosas del mundo siguen poniendo excusas para no investigar sus cadenas de suministro” y que “incluso aquéllas que las investigan no desvelan los peligros y abusos en materia de derechos humanos que descubren”. “Si las empresas ignoran de dónde procede su cobalto, sus clientes tampoco lo saben”, añadió.

Más de la mitad del cobalto (componente fundamental de las baterías de iones de litio) de todo el mundo procede de la República Democrática del Congo y un 20% de ese porcentaje se extrae a mano. Amnistía Internacional ha documentado cómo menores y adultos extraen cobalto en minas con estrechos túneles excavados a mano, arriesgándose a sufrir accidentes mortales y graves enfermedades pulmonares. La organización ha rastreado el cobalto de estas minas hasta una empresa de transformación china llamada Huayou Cobalt, cuyos productos acaban en las baterías que se utilizan para los artículos electrónicos y los vehículos eléctricos.

El informe evalúa los avances que han hecho Huayou Cobalt y otras 28 empresas que podrían estar vinculadas a ella o que probablemente compran cobalto de la República Democrática del Congo desde que se les hizo ver el peligro de trabajo infantil en enero de 2016.

Amnistía evaluó las prácticas empresariales en función de cinco criterios que reflejan las normas internacionales, incluido el requisito de que las empresas lleven a cabo lo que se conoce como controles de “diligencia debida” en su cadena de suministro, y que sean transparentes sobre los riesgos conexos en materia de derechos humanos. La organización calificó a cada empresa respecto al cumplimiento de los criterios. Las calificaciones eran: ‘inacción’, ‘mínimo’, ‘moderado’ o ‘adecuado’.

Amnistía asegura que ninguna de las empresas mencionadas en el informe está tomando las medidas adecuadas para cumplir con las normas internacionales, a pesar de que las 29 compañías saben que la minería del cobalto en la República Democrática del Congo está intrínsecamente vinculada a peligros y abusos en materia de derechos humanos.

APPLE Y MICROSOFT, CARA Y CRUZ

Este año Apple se convirtió en la primera empresa que publica los nombres de sus suministradores de cobalto y las investigaciones realizadas por Amnistía demuestran que actualmente es líder del sector en lo que se refiere al abastecimiento responsable de cobalto. Desde 2016, Apple se ha implicado activamente con Huayou Cobalt para identificar y resolver los casos de trabajo infantil en su cadena de suministro.

Dell y HP muestran señales de mejora porque han comenzado a investigar sus relaciones de suministro con Huayou Cobalt y también tienen algunas de las políticas más sólidas para detectar peligros y abusos en materia de derechos humanos en sus cadenas de suministro de cobalto.

Sin embargo, los avances de otras grandes marcas de productos electrónicos han sido alarmantemente escasos. Por ejemplo, Microsoft está entre las 26 empresas que no dio a conocer detalles sobre sus suministradores, como por ejemplo las empresas que funden y refinan el cobalto que utilizan, lo que implica que no cumple ni siquiera las normas internacionales básicas. Lenovo también consiguió una puntuación baja, pues sólo ha actuado mínimamente para identificar los peligros en materia de derechos humanos o investigar sus vínculos con Huayou Cobalt.

En general, Amnistía apuntó que falta transparencia porque las empresas no revelan su evaluación de la posibilidad de que en sus cadenas de suministro se cometan abusos contra los derechos humanos, y tampoco las prácticas de diligencia debida de sus suministradores.

Por ejemplo, si bien Apple y Samsung SDI han identificado cuáles son sus fundidores, no han publicado su evaluación de los peligros asociados a ellos. Esto hace que resulte imposible decir si están cumpliendo o no con sus responsabilidades en materia de derechos humanos.

Las investigaciones anteriores de Amnistía Internacional revelaron que había un considerable peligro de que el cobalto extraído por niños en la República Democrática del Congo terminara en las baterías de los coches eléctricos.

El informe muestra que las empresas de vehículos eléctricos se están quedando a la zaga respecto a otros sectores en lo que se refiere a la limpieza de sus baterías. Renault y Daimler lo hicieron especialmente mal, pues ni siquiera cumplieron las normas internacionales mínimas de revelación de información y diligencia debida, dejando “grandes puntos ciegos” en sus cadenas de suministro.

BMW fue la que mejor puntuó entre los fabricantes de vehículos evaluados en el estudio. La empresa ha realizado varias mejoras en las políticas y las prácticas de sus cadenas de suministro respecto al cobalto, pero aún no ha revelado dónde lo funde y lo refina. Tampoco tiene previsto desvelar la evaluación de las prácticas de diligencia debida en materia de derechos humanos de sus fundidores.