Esta medida, según Farmaindustria, "vulnera el sistema de financiación y prescripción de medicamentos legalmente establecido, según el cual es competencia exclusiva del Estado determinar los medicamentos que son financiables con cargo a fondos públicos, así como las condiciones de dicha financiación, el régimen de prescripción y dispensación de medicamentos".

La patronal de los medicamentos afirma en un comunicado que esa decisión "supone una alteración radical de las reglas de juego, atenta contra la equidad de los pacientes en el acceso a los tratamientos disponibles y contra su derecho de acceder a los medicamentos en condiciones de igualdad respecto a ciudadanos de otras comunidades".

Asimismo, también critica que la decisión del Ejecutivo vasco se ha llevado a cabo "sin la implicación directa de los médicos, agrediendo directamente su libertad de prescripción, cediendo a un gestor sanitario la capacidad de modificar el tratamiento de un paciente, y quebrando, en definitiva, el espacio de relación médico-paciente".

"Los ahorros que se pretenden conseguir con esta decisión no justifican el perjuicio que va a suponer para pacientes, médicos y compañías farmacéuticas, estas últimas ya gravemente afectadas por el recientemente aprobado recorte del gasto farmacéutico", concluye Farmaindustria.