Según informó este lunes el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, se entiende que la pretensión de declarar la nulidad del procedimiento de intervención y de las resoluciones y decisiones dictadas por el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (Frob) en relación a esta entidad bancaria, debería haberse ejercitado con carácter previo a la presentación del concurso necesario y ante los órganos competentes para su conocimiento en el orden jurisdiccional contencioso-administrativo o ante la jurisdicción de la Unión Europea.

En relación a la sección autónoma de calificación en un corcuso de acreedores, el juzgado señala que la ley concursal no establece que ésta deba abrirse en todos los supuestos en que se produce la intervención de los organismos públicos de supervisión, sino sólo en aquellos supuestos en que las medidas adoptadas comporten la disolución y liquidación de una entidad, lo que no se ha producido en este caso.