El PP quiere que el Congreso inste al Gobierno a establecer una nueva regulación, respetando el principio de libertad de empresa, con el fin de evitar que se produzcan “situaciones abusivas o de usura como consecuencia de la propia necesidad del prestatario”.

Los populares explican en su iniciativa que en los últimos años el sector de los préstamos privados concedidos por entidades no financieras ha experimentado un importante crecimiento, tanto por la situación de crisis económica como por las dificultades de las entidades financieras para facilitar financiación.

Dentro de este ámbito, subraya el PP, hay una “importante heterogeneidad” en la forma de conceder financiación privada, desde préstamos con garantías hipotecarias, minipréstamos rápidos que se conceden a través del teléfono móvil o Internet e incluso préstamos garantizados mediante el empeño de vehículos.

Las empresas que conceden minipréstamos, expone la propuesta, han “flexibilizado enormemente” los criterios para la obtención de un préstamo de estas características.

Así, según el PP, “basta con acceder a través de Internet o una llamada de teléfono, tener al menos 21 años y menos de 75, un teléfono móvil y una cuenta bancaria”. La respuesta se recibe en cuestión de minutos y el dinero “en poco más”.

Por otra parte, los populares señalaron que estos prestamistas ofrecen cantidades que varían entre 50 y 500 euros, a unos plazos de entre cinco y 30 días, que se devuelven en una sola cuota. No se necesita presentar ni nómina ni aval, y muchas veces ni siquiera se ponen objeciones a que los solicitantes estén en un registro de morosos.

Estos prestamistas privados en la actualidad no son entidades financieras y, por tanto, no están supervisadas por el Banco de España ni por la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), muchas de ellas están domiciliadas ‘offshore’, y todas se caracterizan por un “elevado coste” de la financiación que ofrecen a sus clientes.

En sus páginas web, pone como ejemplo la formación política, hablan de honorarios porque la tasa anual equivalente (TAE) resultante considerando comisiones, intereses y penalizaciones es “claramente desproporcionada”.

LEY DE 1908

La Ley que rige en España, ante situaciones derivadas de este tipo de contratos, data de 1908, la llamada ‘Ley de la usura’ o ‘Ley Azcárate’, conforme a la cual se considerará nulo todo contrato de préstamo que estipule un tipo de interés notablemente superior al normal del dinero y que sea manifiestamente desproporcionado con las circunstancias del caso o que el mismo resulte leonino.

Sin embargo, alertan desde el PP, esta ley no establece un tipo de interés por encima del cual el interés aplicado a un contrato de préstamo se pueda considerar “abusivo”, y es el propio Tribunal Supremo quien va sentando doctrina al respecto.

Aunque es necesario proteger a los prestatarios, los populares creen que “no se puede obviar que estas empresas ofrecen un servicio útil concediendo créditos a personas que no tienen acceso a otro tipo de financiación y que, de no existir, forzarían a mucha gente a recurrir a otro tipo de prestamistas ilegales”.

En este punto, recuerdan que el contrato de préstamo es una actividad lícita y que, por tanto, puede ser desarrollada con libertad, pero añaden que no es menos cierto que la ley debería proteger a la parte más débil, que en muchas ocasiones acude a este tipo de servicios en una situación angustiosa y le hace aceptar condiciones desproporcionadas.