Con esta acción, los ecologistas pidieron a Camps "que no convierta a Valencia en el cementerio nuclear de España".

Según afirmó Greenpeace, el equipo de Gobierno municipal del Ayuntamiento de Zarra adoptó el pasado 29 de enero, "con total secretismo, la decisión de postularse ante el Ministerio de Industria como candidato a albergar la instalación donde se depositarían todos los residuos radiactivos de alta actividad de las centrales nucleares españolas".

Con la entrega de la cesta de productos tradicionales, los activistas advirtieron al presidente autonómico "del daño que el cementerio nuclear tendría sobre el turismo natural, cultural y gastronómico de la Comunidad Valenciana".

Según estas organizaciones, "no está justificada la urgencia del ATC", puesto que "varias centrales (entre ellas Cofrentes) aún tienen capacidad de almacenamiento en sus piscinas, y las otras cuentan con almacenes temporales individualizados". Además, consideran que el ATC es "la opción más costosa".

"No hay ninguna necesidad, y menos en época de crisis, de imponer este costoso proyecto del ATC. Además, hay tiempo suficiente para generar un amplio consenso social en torno a esta cuestión, siguiendo un procedimiento de participación pública que respete la legislación vigente, al contrario de lo que está haciendo el Ministerio de Industria", declaró Carlos Bravo, responsable de la campaña de energía nuclear de Greenpeace.