Montserrat hizo estas declaraciones durante su comparecencia en la Comisión para las Políticas Integrales de la Discapacidad del Congreso de los Diputados, a la que acudía por primera vez desde su toma de posesión del cargo hace más de un año, en referencia al nuevo modelo de gestión del IRPF, que establece un tramo estatal del 20% y un tramo autonómico del 80%.

“El Gobierno de España nunca jamás hubiera cambiado el modelo del 0,7%”, pero “nos hemos visto obligados”, destacó la ministra, quien recordó que este nuevo modelo obedece a la sentencia del Tribunal Constitucional del 19 de enero de 2017, que reconocía las competencias autonómicas a este respecto.

En este sentido, pidió que “intentemos no hacer sangre de este nuevo modelo, porque nos comprometimos a que, una vez terminado este modelo, revisaríamos y mejoraríamos, porque al final es una convocatoria anual”, y añadió que “en la convocatoria del año que viene miraremos aquello que no haya terminado de funcionar para que funcione”.

“Lo más importante de tanto diálogo y esfuerzo es que hemos conseguido que las ayudas siguieran llegando este año a las más de siete millones de personas que las reciben”, celebró Montserrat, quien destacó que “en solo seis meses hemos sido capaces de ponernos de acuerdo en un nuevo modelo”.

Según defendió, este nuevo modelo garantiza “el cumplimiento de la ley y el mandato del Tribunal Constitucional”, así como “que el programa seguirá contribuyendo a la vertebración del Tercer Sector Social en España y a la importante labor de cohesión social que realizan estas entidades”, y garantiza “que las ayudas seguirán llegando de forma directa a las personas que más lo necesitan”.

Por último, entre las actividades financiadas por la Administración General del Estado, la ministra afirmó que se encuentran las referidas a difusión, sensibilización y empoderamiento, a atención integral que requieran de un ámbito de actuación estatal o que complementen la atención realizada en centros dependientes de la Administración General del Estado y a actividades de fortalecimiento del Tercer Sector de ámbito estatal, entre otras.