Montserrat se refirió a esta cuestión durante su comparecencia en la Comisión para las Políticas Integrales de la Discapacidad del Congreso de los Diputados, respecto a las críticas de varios portavoces parlamentarios acerca del plazo legal que se dio España para que todos los bienes, servicios e infraestructuras de interés público sean plenamente accesibles, plazo que vence el 4 de diciembre de este año.

“Quiero recordarles que la accesibilidad no obliga solo a la Administración General del Estado”, manifestó la ministra, quien detalló que “la competencia en materia de ordenación del territorio, urbanismo, vivienda y en materia de asistencia social corresponde a cada una de las 19 comunidades autónomas dentro sus territorios”, e hizo hincapié en que “los 8.124 municipios de España tienen competencia y, por tanto, responsabilidad en materia de urbanismo” y que “todas las universidades, tanto públicas como privadas, tienen la obligación de hacer accesibles sus centros”.

En este sentido, argumentó que “desde la Administración General del Estado estamos haciendo todos los esfuerzos posibles” para poder cumplir con este plazo e indicó que “ya hemos hecho importantes avances en materia de accesibilidad y debemos estar orgullosos de ello”.

En concreto, explicó que en el Plan Estatal de Vivienda 2018-2021 “se ha previsto incluir nuevas ayudas para reforzar el apoyo que reciben estas personas para la realización de obras de accesibilidad”, ya que, aunque todavía está en fase de elaboración, “tiene previsto incrementar del 50% al 75% el porcentaje de la obra asumido por el Estado en el caso de adaptaciones de accesibilidad para personas con movilidad reducida o mayores de 65 años”.

EL CONGRESO NO ES ACCESIBLE

Sobre las medidas ya adoptadas, Montserrat detalló que se han conseguido “importantes avances”, como por ejemplo la instalación de bucles magnéticos y sistema audiovisual de intérprete en lengua de signos en las comisarías, así como el nuevo Plan de Accesibilidad Integral 2018-2026 de Renfe, que “contemplará la adaptación de trenes y estaciones, así como la adquisición de nuevos vehículos totalmente accesibles”.

Finalmente, lamentó que “a día de hoy, las infracciones de accesibilidad que solo se produzcan en el ámbito de una comunidad autónoma, únicamente se podrán castigar mediante ley específica de esa comunidad autónoma”.

Por su parte, el portavoz del Grupo Parlamentario Popular en la comisión, Ignacio Tremiño, criticó que la Sala Constitucional de la Cámara Baja -donde se celebró esta reunión- “es inaccesible” para las personas con discapacidad, al contar con escalones que impiden la libre circulación de personas que se desplazan en silla de ruedas, y pidió al resto de diputados que se solidaricen y se sitúen en la última fila tal y como él está obligado a hacer, al utilizar silla de ruedas.