El Defensor del Pueblo ha atendido una queja que recibió de la Plataforma en Defensa de la Libertad de Información (PDLI) tras la multa que recibió la periodista por "desobediencia a agentes de la autoridad" cuando cubría el 'caso Pujol' en la Audiencia Nacional en febrero de 2016.

El Defensor, en su respuesta a la queja de la PDLI, manifiesta que “la aplicación del régimen sancionador de la Ley Orgánica 4/2015, de 30 de marzo, de protección de la seguridad ciudadana, no puede prescindir de la circunstancia de que los ciudadanos a los que se imputa la infracción estén ejerciendo un derecho fundamental".

La institución que dirige en funciones Francisco Fernández Marugán añade que "en la resolución sancionadora dictada por la Delegación del Gobierno no se hace ningún juicio de proporcionalidad, ni se motiva la constitucionalidad de la sanción impuesta, ni siquiera se considera que pueda existir una limitación o afectación de un derecho fundamental”.

Las multas a periodistas por la ‘ley mordaza’ será uno de los puntos que la PDLI expondrá al Relator Especial sobre Derechos Humanos de Naciones Unidas, Michel Forst, en la reunión que mantendrá con él, junto con otros colectivos, este miércoles.

Además de este tema, la PDLI también explicará al relator la situación en España sobre libertad de expresión y enaltecimiento del terrorismo, agresiones o acosos a periodistas, las demandas por difamación como forma de amedrentar a informadores y medios críticos, la situación de los medios públicos o la desprotección de los filtradores, entre otros asuntos que la plataforma viene denunciando.