Según explicó esta asociación en un comunicado, el funcionario Jordi Cantallops, inspector educativo de Barcelona, fue sancionado por el Gobierno autonómico el pasado mes de octubre tras conceder una entrevista a un periódico de tirada nacional en la que denunciaba que “se adoctrina en los colegios” catalanes, expediente que la organización exige que se archive.

La presidenta de esta asociación inspectores educativos, Esther Castilla, ya ha solicitado al Ministerio de Educación, Cultura y Deporte -que ha asumido las competencias de la Consejería de Educación tras la aprobación del artículos 155- el “sobreseimiento inmediato” del expediente a Cantallops, así como que se archiven “de oficio” las diligencias “que se hayan podido practicar” en su contra.

Además, esta entidad también demandó hoy el cese del inspector general de Cataluña, Manuel Busson, al que acusan de “haber tomado tan injustificada medida, arbitraria y contraria al derecho de libertad de expresión” contra Cantallops.